El antejuicio, una figura legal que no protege al ciudadano, sino, a la institucionalidad por el cargo

El antejuicio es un derecho, o bien una garantía que gozan ciertas personas que están al servicio de Guatemala considerados funcionarios públicos.

Por: Deborah Garrido

Es necesario establecer un procedimiento uniforme para el trámite de antejuicio; así como determinar el ámbito de su aplicación, procedimiento y efectos legales, ya que la normativa vigente se encuentra dispersa en leyes de diversa naturaleza, por lo que debe hacerse una ley que contenga las disposiciones adecuadas para viabilizar el trámite de dicho proceso.

Estos funcionarios no podrán ser detenidos ni sometidos a un procedimiento penal sin que previamente exista una declaración de la autoridad competente, que existen elementos suficientes para que exista la formación de causa.

Este derecho se brinda con el fin de mantener una estabilidad en el cargo y poder garantizar el correcto ejercicio de la función pública. El antejuicio es un derecho que es inherente al cargo y es irrenunciable al mismo, es decir, no se le otorga a la persona en sí, sino al cargo que se ocupa, que al momento que la persona termine su período de se servicio.

Tienen Antejuicio

La Constitución Política de la República de Guatemala establece según el artículo 68 del Código procesal Penal, decreto 51-92 el ejercicio de la acción penal es pública, y corresponde esencialmente al Ministerio Público, MP, y podrán ejercerla, además, los agraviados y cualquier guatemalteco, informó Julia Barrera, vocera del MP.

Según la Ley en Materia de Antejuicio, en el Artículo. 13 competencia del Congreso de la República. Al Congreso de la República le corresponde conocer y resolver el antejuicio promovido en contra de los dignatarios y funcionarios siguientes:

Presidente y Vicepresidente de la República de Guatemala

Presidente del Organismo Judicial y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Presidente, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Presidente y Magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Ministros y Viceministros de Estado, Secretarios y Subsecretarios de la Presidencia de la República, únicamente cuando estén encargados del despacho

Procurador de los Derechos Humanos

Procurador General de la Nación

Fiscal General de la República

Los antejuicios en el país se deben resolver según quien esté a cargo bajo la ley. En el Artículo14 de la Ley en Materia de antejuicio, la Corte Suprema de Justicia, CSJ, le corresponde conocer y resolver en contra de los Diputados al Congreso, Diputados al Parlamento Centroamericano, Viceministros de Estado, Superintendente de Bancos, Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones, Jueces, Fiscales, Candidatos a la presidencia, Tesorero General de la Nación y El Contralor General de Cuentas.

Ahora bien, en el Artículo. 15 le corresponde conocer y resolver a las Salas de la Corte de Apelaciones a los Candidatos a Alcaldes Municipales, Alcaldes Municipales Electos, Candidatos y Diputados Electos, Director General Adjunto y Subdirectores Generales de la Policía Nacional Civil y Agentes Fiscales del Ministerio Público. Las Salas de Apelaciones darán proceso a los antejuicios cuyo conocimiento este atribuido por esta Ley o por la Constitución Política de la República a otro órgano.

El Tribunal Supremo Electoral, según el Art. 123 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y por consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Con el fin de ser el organismo encargado de realizar elecciones libres y transparentes en Guatemala.

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Funcionarios públicos con derecho de antejuicio

Se pierde el antejuicio

La Magistrada Miriam Menéndez, comentó que las personas que gozan del derecho de antejuicio y que sigan en el cargo que lo ostenta,

pueden perderlo por dos razones: la primera por denuncia presentada ante juez por cualquier persona a la que conste la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito y la segunda por ser detenido en un delito flagrante.

En el segundo de los casos. El delito fragrante es aquel que se está cometiendo en ese momento y, por lo tanto, se lleva al arresto o aprehensión de la persona. Si la persona está cometiendo un delito y es detenido en el acto, entonces se encuentra ante la figura de delito flagrante.

En el caso de que un funcionario o dignatario es capturado por la Policía Nacional Civil, en la comisión de un delito flagrante, deberán ser puestos a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso, la Corte Suprema de Justicia o Juez de Paz de Turno, dependiendo del puesto que ocupe.

Lo que procede

Si el Congreso de la República es el encargado de conocer el antejuicio en contra del funcionario público o dignatario en contra de quien se presenta la denuncia o querella, deberá iniciar el siguiente procedimiento; La Junta Directiva del Congreso al tener el expediente es hacer conocimiento del Pleno del Congreso que, en la próxima sesión ordinaria, la cual no podrá extenderse de ocho días y se informará de todos los detalles del asunto.

Asimismo, el Pleno del Congreso deberá integrar una Comisión Pesquisidora, la cual se conformará por cinco diputados electos por medio de un sorteo. Está comisión analiza el expediente, oirá a quienes promovieron el antejuicio y al funcionario a quien se acusa y practicará las diligencias que considere necesaria para recabar información.

La Comisión debe de esclarecer si existen o no hechos que puedan ser constitutivos de delitos, su función no es la determinar la culpa o inocencia del funcionario.

Una vez conocido, el Pleno debe de recaudar votos con las dos terceras partes determinar si se declara con o sin lugar el antejuicio. Si es declarado con lugar, se envía a la Corte Suprema de Justicia quien deberá de enviar al tribunal penal correspondiente.

La CSJ lo primero que debe de realizar es nombrar a un Juez Pesquisidor, quien podrá ser cualquier Juez de la propia Corte, de la Salas de Corte de Apelaciones o Juez de Primera Instancia del Ramo Penal.

Fotos: Cortesía

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